Uno de los grandes aportes que dejará el gobierno de Ollanta Humala a la próxima administración será la creación de diversos programas sociales para beneficiar a los sectores marginales y pobres del país. El éxito del modelo de estas iniciativas se puede medir porque la mayoría de los candidatos presidenciales han asegurado en sus campañas electorales que los mantendrán vigentes en un eventual futuro gobierno.
También varios países han manifestado su interés por reproducirlos. Es el caso del Gobierno colombiano, que mostró su deseo de conocer detalles de la estrategia del Programa Beca 18. Brasil ha reiterado su intención de imitar el Centro de Empleo peruano y el programa social Trabaja Perú, mientras que el Gobierno de Quito pidió información sobre Qali Warma. En palabras de la consultora en seguridad alimentaria y nutricional de la FAO, Fanny Montellanos Carbajal, este programa (Qali Warma) “apunta a ser referente en América Latina y el Caribe”.
La entrega del Certificado ISO 9001:2008 al Sistema de Gestión de la Calidad de Juntos es importante porque pronto nuestro país tendrá una serie de programas con dicha certificación internacional.
Anteriormente lo había conseguido Pensión 65, y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) trabaja con Hatu Wiñay y Qali Warma para obtener dicha constancia.
Diversos gobiernos anteriores han implementado otras iniciativas sociales, pero muchas de ellas estuvieron plagadas de prácticas ligadas con el clientelismo, rápida politización partidaria, ineficientes y de corta duración que terminaron por distorsionar el apoyo a los sectores marginales.
Así, aparecieron varios casos de corrupción, en los cuales se desviaban los fondos de los pobres a otros sectores interesados. Como consecuencia, la confianza y la credibilidad en las instituciones y el Estado se empezaron a perder.
En cambio, los actuales programas se caracterizan por la eficiencia y porque tienen mecanismos para detectar posibles filtraciones en el sistema, o sea, cuando la ayuda no llega finalmente al beneficiario. Además, el Estado incentiva la participación activa de la sociedad civil en las mismas iniciativas.
Un ejemplo es el trabajo fiscalizador del Midis con Pensión 65. Cuando se detectaron malas prácticas, se expulsó a los malos usuarios de los padrones. En diciembre del 2013, este ministerio desafilió a 1,794 por presentar irregularidades y otros 1,535 por registrar datos falsos. Para que funcionen los filtros, el Midis capacita constantemente a su personal en la tarea de recoger información y ha creado mecanismos de denuncia para que la población identifique a los “falsos pobres” en el sistema.
Por todo lo expuesto, los programas sociales peruanos proyectan la imagen de un Perú que no solo se desarrolla por sus fundamentos económicos, sino también por la ayuda focalizada en los más necesitados de manera transparente, eficiente y sostenible. Esta es una de las mejores herencias que se pueden dejar al próximo gobierno.