Reporte
21 de febrero de 2022
En estos días nos asedian la polarización política, la corrupción y la falta de respeto a normas que deben regir la conducta de los gobernantes, funcionarios, representantes y la ciudadanía en general. Todo ello impide el diálogo, socava la confianza y resta viabilidad a reformas y cambios necesarios para garantizar la gobernabilidad democrática del país. Afecta fuertemente también la capacidad del sistema educativo para formar a ciudadanas y ciudadanos que ejerzan plenamente sus derechos y responsabilidades y construyan, en un futuro cercano, el país que queremos.
Son por ello muy preocupantes algunas decisiones ya tomadas o aún en debate que debilitan instrumentos de política que ayudaron a mejorar algunos aprendizajes y que, lejos de fortalecer los logros o introducir mejoras en la gestión, reducen la posibilidad de brindar una educación de mejor calidad a la ciudadanía. Alertamos, en particular, sobre las siguientes:
- Currículo nacional de educación básica: frecuentes propuestas legislativas dirigidas a incorporar al currículo cursos o contenidos no consistentes con su diseño basado en competencias o con sus enfoques transversales de derechos, de inclusión y atención a la diversidad, interculturalidad, igualdad de género y orientación al bien común. Su mayor desarrollo se vería también adicionalmente debilitado si prospera el Proyecto de Ley que demanda la aprobación previa de textos y materiales educativos por los padres de familia, propuesta de difícil implementación que, además, interfiere con el rol rector y técnico del Ministerio de Educación, legalmente responsable del diseño del currículo nacional.
- Políticas de desarrollo docente: posibles nombramientos y contrataciones de docentes sin criterios ni evidencia de capacidades o calidad de desempeño y ascensos en la carrera magisterial en función de años de servicio y no de méritos profesionales, así como adjudicación de plazas docentes a personas sin las competencias necesarias para el desarrollo de una pedagogía intercultural bilingüe ni buen dominio de las lenguas originarias de sus estudiantes.
- Calidad de la educación superior: cambios en la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU y en el procedimiento para elegir al Superintendente, que generarían un conflicto de intereses al poner la supervisión de las universidades en manos de personas elegidas por ellas mismas, así como la restauración del SINEACE sin haberse efectuado su reorganización o su sustitución por una entidad independiente de acreditación. A ello se agrega el débil impulso al aseguramiento de la calidad de los institutos y escuelas de educación superior, cuyos procesos de mejora, licenciamiento y aprobación de nuevos programas se encuentran paralizados, así como la disminución de requisitos académicos para obtener el bachillerato universitario y para ejercer la docencia en la educación superior.
El CNE reitera su llamado a dar continuidad y mejorar lo avanzado, a rechazar propuestas y decisiones que parecen priorizar intereses particulares más que el interés público y el bien común. Solicitamos a los y las congresistas de la república que definan sus propuestas y sus votos considerando el interés superior de los estudiantes y del país. Pedimos a la Alta Dirección del Ministerio de Educación, a las instancias descentralizadas del sector, así como a otras entidades del Gobierno, que ejerzan con integridad, sensibilidad, eficiencia y firmeza su necesaria rectoría para asegurar un buen reinicio de actividades educativas presenciales. Invocamos a su vez a los y las docentes, estudiantes, familias, partidos políticos, organismos públicos y organizaciones sociales a rechazar los retrocesos, a demandar avances en calidad, pertinencia, equidad e inclusión educativas y contribuir al logro de una educación para la ciudadanía plena propuesta como visión del Proyecto Educativo Nacional.
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Fuente: MINEDU