Al cumplirse treinta años desde que Perú ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, Unicef resaltó que varios de los importantes logros que ha tenido el país para garantizar los derechos de la niñez están relacionados con la aplicación de mecanismos de incentivos a los gobiernos regionales y locales.

Ana de Mendoza, Representante de Unicef, precisó que “si bien los incentivos por sí solos no determinan el alcance de resultados, sí contribuyen de manera importante a su consecución”. Precisó que Perú cuenta con experiencias exitosas que han permitido que el país logre universalizar la identificación y registro de niñas y niños, ampliar la
suplementación de hierro para prevenir la anemia infantil, e incrementar notablemente la cobertura de educación inicial.

Al respecto, De Mendoza destacó que entre 2000 y 2018, el porcentaje de niñas y niños de 6 a 59 meses que no estaban inscritos en la municipalidad o en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), se redujo de 6.8% a 1.7%. Según señaló, las reducciones más destacadas ocurrieron en la región selva del país y en el quintil inferior de bienestar.

Sin embargo, recomendó al país no permitir que la pandemia por COVID-19 afecte lo avanzado. En ese sentido saludó que se empiecen a reactivar los servicios que permiten garantizar los derechos de la infancia, informó Unicef a INFOREGIÓN.

Los incentivos son un mecanismo de la gestión por resultados que ofrece un
reconocimiento, monetario o no monetario, a aquellos gobiernos regionales o distritales que logran cumplir determinados objetivos y metas preestablecidas. Promueven la aceleración en el cumplimiento de determinados objetivos al vincular la asignación de recursos adicionales con mejoras específicas en su gestión.

De acuerdo con una sistematización realizada recientemente por Unicef, la aplicación de mecanismos de incentivos podría contribuir también a acelerar el logro de mejores resultados en cuatro áreas de política relevantes, especialmente para garantizar los derechos de las y los adolescentes: prevención de embarazos tempranos no deseados, mejoramiento de la cobertura y calidad de la educación secundaria, promoción de la participación adolescente en el diseño e implementación de las políticas públicas, y prevención de la violencia y desprotección familiar.

Ana de Mendoza recordó que si bien entre el año 2001 y 2018 el porcentaje de adolescentes que asistían a la educación secundaria se elevó de 68 a 85.4%, y la culminación oportuna de la educación secundaria pasó de 43.2% a 74.5%, el incremento de la pobreza monetaria generado por la COVID-19 constituye una amenaza para la permanencia de las y los adolescentes en la escuela y consecuentemente para la culminación oportuna de la
secundaria.

“A lo largo de estos treinta años, Perú ha puesto en marcha esfuerzos innovadores para garantizar los derechos de la niñez. Confiamos en que el Estado y la sociedad peruana no permitirán que se pierda lo avanzado en salud, educación y protección de la niñez y adolescencia. Desde Unicef renovamos nuestro compromiso de seguir apoyando al país en el gran desafío de que ningún niño, niña o adolescente se quede atrás” puntualizó Ana de Mendoza.

Consulte la publicación Experiencia de Perú en la aplicación de mecanismos de incentivos.

Tomado de Inforegión