Reproducimos en Edugestores esta nota del diario La República publicada ayer que recoge percepciones sobre el proceso de contratación docente 2020:
Sin todavía enterarse de las nuevas disposiciones del Ministerio de Educación (Minedu), decenas de profesores llegaron ayer al exterior del Hospital Bartolomé Herrera, en Alfonso Ugarte, a fin de obtener el certificado de salud mental que hasta hace unos días era un requisito para postular a una de las plazas del concurso docente.
“Ayer llegué a las 5 a.m. y ya no había cupos. Hoy he venido a las 3 a.m. y tampoco he encontrado. El primero de la fila me dijo que está aquí desde la 1 p.m. y ha tenido que amanecerse”, contó una maestra.
Desde la aprobación del Decreto Supremo 017-2019, en diciembre del año pasado, el Minedu implementó nuevas medidas para la contratación docente, supuestamente con el objetivo de acelerar la cobertura de plazas vacantes. Se incluyeron requisitos como el certificado de buena salud, tanto física como mental.
Para el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), sin embargo, dicha medida atenta contra el poco sueldo que reciben los profesores, por lo que, avalándose en el artículo 49 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, enviaron una solicitud al Minedu para que el sector asuma el pago para obtener esos documentos.
Dicha comunicación fue dirigida a los directores regionales de Educación, de las ugeles y también a los responsables de los colegios militares.
MÁS DIFICULTADES
Además del problema económico, muchos docentes se quejaron que era muy corto el tiempo que tenían para obtener el certificado, lo que se agrava mucho más porque no todos los hospitales tienen áreas que los emitan. Indicaron que el documento es más difícil de tramitar en las regiones.
Certificado de antecedentes penales
Entre otros cambios, el Minedu también dispuso que, en caso de no tener un certificado de antecedentes penales, los postulantes docentes puedan presentar una declaración jurada.
Este diario intentó obtener la versión del Minedu, pero al cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.
Los docentes que hayan cometido delitos como trata de personas están impedidos para ingresar a prestar servicios en cualquier instancia del sistema educativo.
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