Por Román Aller
¿Cómo hacer efectivo que los Proyectos Educativos Regionales (PER) orienten la política educativa regional? ¿Cómo revertir las limitaciones que se tienen para articular la planificación sectorial con la territorial?
Según el artículo 151 del reglamento de la Ley general de educación (LGE), el Proyecto Educativo Regional (PER) son considerados como el principal instrumento de gestión educativa regional. Sin embargo, el PER no han sido prioritarios ni como instrumento de gestión, ya que no estuvo ligada a la asignación de los recursos para atender dichas prioridades regionales (Unesco, 2017), ni como orientador de políticas, ya que las prioridades se dan desde el nivel central a través de los programas presupuestales (CNE, 2015).
Y si bien es cierto que los PER fueron elaborados de manera participativa con los Consejos de Participación Regional (Copare) la cual le dieron cierta legitimidad, éstos no tuvieron correlato a nivel normativo y tuvieron una débil legalidad. De los 25 PER vigentes, sólo 06 tienen aprobación con ordenanza regional, tal como lo indica el reglamento de la LGE, 05 con resolución directoral emitida por la Dirección Regional de Educación y, 14 no tienen ninguna aprobación.
Ello denota y visibiliza una vez más que el proceso de descentralización se ve limitada por la misma estructura y funcionamiento del Estado y su debilidad institucional entre los tres niveles de gobierno. En eses sentido, desde el punto de vista de la gestión pública, una idea que podría discutirse es que el PER no siga desconectada del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), debido a que actualmente están fuera del SINAPLAN y ello lo desvincula de los instrumentos de gestión y sobre todo del presupuesto.
¿Cómo se podría vincular en el sistema? Se podría plantear que el PER sea el desarrollo del capítulo de educación de los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC). De esta manera se articula la planificación territorial con el sectorial y al ser parte del sistema, se asegura la articulación con los Planes Estratégico institucionales (PEI) de los gobiernos regionales, lo cual le daría una vinculación “de orientación política” y, con los Planes Operativos Institucionales (POI) de sus instancias de gestión educativa, direcciones regionales de educación (DRE) y las unidades de gestión educativa local (UGEL), lo cual aseguraría su implementación y los recursos para ello.
Estas propuestas implicarían cambios en la manera de orientar la planificación regional articulada a las políticas nacionales, mirar lo territorial con lo sectorial y apostar por el fortalecimiento de las instituciones del Estado, en este caso, del gobierno regional, no sólo su área de planificación, sino también la gerencia de desarrollo social (en algunos casos gerencia de educación) y sobre todo, las de sus instancias de gestión que son parte de los gobiernos regionales las DRE y las UGEL.
Este alineamiento entre los niveles de gobiernos con sus instancias de gestión a nivel de planificación y fortalecimiento institucional no será posible si no se re-impulsa el proceso de descentralización pero vinculados a los procesos administrativos y funcionales del Estado, pero sobre todo de cambios estructurales en el nivel central (Minedu y MEF, por ejemplo). Mientras tanto, es posible impulsarse desde el nivel regional, ya que vincularlas sí estaría “en la cancha” de los gobiernos regionales y se podría maximizar lo avanzado en términos de legitimidad con la sociedad civil para contar con políticas educativas concertadas, pero esta vez, puedan ser implementadas para efectivizar las prioridades educativas en sus respectivos territorios.
Referencias:
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico- SINAPLAN
Proyecto Educativo Nacional: Balance y recomendaciones, CNE, 2015. (Página 128)
Repositorio del Minedu: Proyectos Educativos Regionales
Revisión de las políticas públicas del sector educación en Perú, Unesco 2017. (Página 29)
Foto: referencial