Como informó El Comercio, la Comisión de Educación del Congreso, presidida por la legisladora de Fuerza Popular (FP) Tamar Arimborgo, ha puesto en agenda para el lunes 16 de setiembre la sustentación de un proyecto de ley del parlamentario Héctor Becerril (FP) que pretende “excluir toda mención o referencia” del enfoque de género del currículo escolar. Una medida que no resulta novedosa al haber sido gestionada en más de una ocasión por congresistas de la bancada fujimorista, entre los que resalta la titular de la mencionada comisión.
Si bien no ponemos en tela de juicio el derecho de los congresistas a presentar proyectos de ley y sustentarlos donde corresponde, existen algunas razones para cuestionar la decisión tomada por la Comisión de Educación. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que el efecto pretendido por la iniciativa legislativa en cuestión ha sido discutido en otras instancias con resultados desfavorables para quienes lo buscaron. A saber, a través de un fallo de la Corte Suprema en abril de este año se declaró infundada “en todos sus extremos” la demanda de acción popular interpuesta por el colectivo Padres en Acción contra el enfoque de género del Currículo Nacional de Educación Básica. Una decisión que significó la restitución de la vigencia de una afirmación, vinculada al mentado enfoque, contenida en la guía pedagógica que había sido suspendida en marzo del 2018 por una medida cautelar otorgada por la Primera Sala Civil de la Corte Suprema.
La insistencia, empero, no resulta sorprendente considerando la posición que ha defendido la legisladora Arimborgo desde su escaño en los últimos años. Como se sabe, la presidenta de la Comisión de Educación es una ferviente opositora al enfoque de género y su papel la ha llevado, incluso, a asegurar en un proyecto de ley que lo consignado en el currículo nacional está asociado con la ocurrencia del cáncer y el sida. Una posición que la ha llevado a ser bastante áspera con el Ministerio de Educación en el pasado (“[El Ministerio de Educación] para mí es Sodoma y Gomorra”) y que explica su interés por discutir iniciativas que se riñan con lo que busca la cartera.
Es en este punto donde yace el principal cuestionamiento a la puesta en agenda del proyecto del congresista Becerril: la Comisión de Educación parece tener la clara intención de dirigir parte de sus esfuerzos a hostilizar veladamente al Minedu y al Ejecutivo en general. Esto último se hace patente si se toma en cuenta que esta instancia también ha puesto su mira sobre la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), pidiendo facultades para investigarla. Una circunstancia que, como hemos comentado desde esta página, no solo suscita suspicacias por tener ribetes de ataque, sino también por los claros conflictos de interés que algunos congresistas del grupo de trabajo tienen en esta materia: muchos de ellos están vinculados a universidades sancionadas o que no han recibido una licencia de operación por parte de la Sunedu.
Así las cosas, en épocas donde la confrontación política tiene al país sumido en tanta incertidumbre, que una comisión del Congreso emplee sus prerrogativas para profundizar las contradicciones entre poderes resulta desafortunado. Especialmente cuando la munición empleada –en este caso, buscar la anulación del enfoque de género– tendrá como principal afectada la educación de los peruanos.
Publiado por el El Comercio el 14 de setiembre de 2019