Compartimos esta entrevista al edugestor Jorge Mori, quien participó como ponente en el I congreso de Derecho Educativo, y que aparece en la página del Vicerrectorado Académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú: 

Dicho evento se llevó a cabo el 16 de mayo y fue un espacio para hablar sobre la necesidad de delimitar el derecho educativo como rama específica, y su relación con la reforma en la educación superior, las demás ramas del derecho y la necesidad de su inclusión en el currículo universitario, además de otros temas de actualidad referentes a la política de educación superior.

1) ¿El acceso a la educación siempre debería implicar que el Estado participe a través de la supervisión para regular la calidad de la educación?

Lo que estamos viviendo en el Perú (y a nivel internacional) es un fenómeno muy fuerte de masificación de la educación superior por incremento en el número de egresados de la educación básica y porque las familias de las clases medias tienen mayores recursos para pagar por la educación de sus hijos. Frente a ese fenómeno, la regulación del Estado es muy importante. Es el garante del interés público para que los jóvenes no solo no sean estafados en su carrera, sino que tengan la posibilidad de acceder a una educación de excelencia. Si dejamos todo al mercado y que las propias universidades se autorregulen (como se hizo hasta el 2014), el costo va a ser muy alto para las familias de bajos recursos. Se necesita regular y establecer condiciones de entrada al sistema como lo plantea Sunedu.

2) El derecho a la educación, ¿se vulnera cuando hay inversión privada?

Creo que más que un derecho a la educación, deberíamos hablar de un derecho al acceso a una educación de calidad. ¿De qué sirve que un niño o joven tenga educación si el colegio o universidad a la que va es de pésima calidad? No debemos renunciar a esa crítica. Yo en lo personal considero que la inversión privada puede convivir con el derecho al acceso a una educación de calidad, pero con las reglas claras y con instituciones que velen porque se cumplan. Aquí, la discusión debe ser cómo pasamos a un modelo de regulación responsive, de regular sin castigar la calidad y la iniciativa, y cómo fomentamos para plantear un modelo de excelencia para nuestra educación superior.

3) El sector público es subsidiario al privado en este contexto, ¿el servicio de la educación pública no debería competir con el privado?

El Estado tiene una responsabilidad doble: por un lado, tiene que ser capaz de ofrecer una educación pública de calidad, y por otra, plantear una regulación responsive a los privados que no ahogue a los que están haciendo las cosas bien. No es un equilibrio fácil, y por eso es muy importante el diálogo entre administrados y regulador. Yo incluso iría más allá: yo creo que el Estado debería financiar a universidades privadas que están cumpliendo con su misión y contribuyen con el desarrollo del país. No va a lograr tener buenas universidades privadas competitivas a nivel internacional, si su financiamiento sigue dependiendo de las pensiones de los estudiantes o de la cooperación internacional.

Esa es la razón por la que las universidades como la PUCP, la Pacífico, o la Cayetano Heredia son tan pequeñas respecto a sus pares latinoamericanos. Necesitan un apoyo fuerte del Estado. Es muy difícil que una universidad privada logre un posicionamiento internacional sin el apoyo del Estado. Si ves los financiamientos públicos que recibe, por ejemplo, la Universidad Católica de Chile entiendes la distancia con la PUCP, y de la misma forma la Cayetano Heredia.

Hace unos meses se dio una discusión sobre este tema a propósito de unas irregularidades que se encontraron en una universidad, y algunos señalaban que ese dinero se debería ir a las universidades públicas antes que a las privadas. Yo estoy de acuerdo en principio que se debería priorizar a las públicas. Yo he estudiado en una universidad pública, y creo que deben ser las locomotoras del sistema, pero creo que el Estado debe seleccionar a las universidades públicas y privadas que están haciendo bien las cosas. También, hay universidades públicas que deberían ser cerradas o intervenidas y no seguir gastando presupuesto del Estado de manera innecesaria.

Ojo con un dato importante: Ecuador ya nos superó en producción científica. Ya no solo estamos atrás de Chile, Colombia o Brasil. Ya el vecino del norte nos ha tomado distancia, y eso es por el enorme financiamiento público que tienen a la educación superior. Cada vez estamos más atrás y tenemos que ser capaces de recuperar terreno con mejores políticas de educación superior.

4) ¿Qué opina de las exoneraciones tributarias a las universidades?

Cuando en la Ley Universitaria se recogieron las exoneraciones tributarias, el objetivo era apoyar a las universidades privadas que quieren hacer bien las cosas y mejorar la calidad educativa. Lamentablemente, el nivel de informalidad en la que se encontraba el sistema universitario era tan crítico que dichas exoneraciones se distorsionaron. Por ejemplo, cuando se investigó el caso de la Universidad Garcilaso se pudo comprobar que la Sunat no tenía la capacidad institucional para determinar cuando la exoneración tenía un fin educativo. Ahí el rol coordinado y articulado con Sunedu es clave.

5) Luis Lescano en una entrevista señala que hay una falta de uniformidad en la regulación y señala que hay notables diferencias entre la Ley Universitaria y la Ley de Institutos ¿Qué opinas sobre esto?

Concuerdo. Creo que hay notables diferencias entre ambas normas. Una de ellas es la forma de diseñar el licenciamiento. En la Ley de Institutos y Escuelas (Ley N° 30512), se señala que el responsable del licenciamiento es el propio Ministerio de Educación, que a su vez es el ente rector de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Eso es un error porque el licenciamiento debería estar a cargo de un organismo regulador autónomo y especializado, y no a cargo del organismo rector porque su especialización va a ser muy difícil de construir. Para las universidades, existe Sunedu justamente porque se necesitaba un organismo autónomo y especializado que solo se dedique a la regulación del sistema.

Otra diferencia muy marcada es el plazo para el licenciamiento. Han establecido un plazo de 90 días para que el Ministerio emita su pronunciamiento ante una solicitud de licenciamiento. Y si no lo hace, por silencio administrativo, el Instituto o Escuela recibe automáticamente su licenciamiento. Creo que eso es muy difícil de cumplir, considerando la cantidad de institutos que se necesitan licenciar y la información que se tiene que recoger y analizar para un proceso donde se garantizan condiciones básicas de calidad.

El Ministerio está tratando de resolver la situación del licenciamiento de los institutos tecnológicos públicos incorporando un proceso de optimización y articulando con los Gobiernos Regionales, lo cual me parece correcto y estratégico, considerando las condiciones actuales. Aunque lo ideal debería ser modificar la Ley y discutir alternativas para corregir esos desajustes de la norma.

Otro tema clave de la Ley de Institutos y Escuelas es la creación de las Escuelas Tecnológicas públicas y la implementación de Educatec como organismo independiente para su gestión. Esa tarea es urgente y se necesitan dar los pasos iniciales desde el Ministerio de Educación en su implementación.

6) ¿Crees que este año se aprueben modificaciones en la Ley Universitaria?

Veo difícil que tengamos las condiciones políticas para hacer modificaciones a una Ley Universitaria de una manera ordenada y responsable y velando por el interés público. Salvo para algunas cosas muy puntuales como fue el caso de la edad límite para los docentes, pero que es resultado de la presión de grupos específicos.

Lo que sí creo es que en esta coyuntura se debería aprovechar para organizar una discusión abierta y transparente entre los actores, universidades públicas y privadas, Estado y especialistas en educación superior, para que en caso se de una ventana de oportunidad para modificar la Ley, lo hagamos en la dirección correcta y con acuerdos mínimos. Y si la iniciativa no la toma el Estado, pues el debate lo deberían realizar las universidades asociadas, pero que sea un debate abierto y plural. Tenemos que generar diálogos para avanzar en la reforma. No olvidemos que la Ley Universitaria del 2014 recogió una discusión que se inició el 2001 en San Marcos. Así demoran estas reformas. No son discusiones de corto plazo.

7) ¿Cree que se va cumplir con la meta de culminación del licenciamiento para finales de 2019? ¿Qué va a pasar con el Sistema sobre todo con los estudiantes cuando las universidades cierren?

En lo inmediato, creo que la tarea es encontrar una salida para los estudiantes de aquellas universidades públicas cuyo licenciamiento probablemente sea denegado por Sunedu, porque hasta ahora solo ocurrió con privadas. Sabemos que hay universidades públicas que tienen graves problemas de gobernabilidad y gestión, y que probablemente requieran un cierre o una intervención externa, situación que la actual Ley Universitaria no contempla. Ahí se va a tener que hilar muy fino y tomar decisiones rápidas. Por otro lado, el Ministerio de Educación tiene las herramientas legales para asumir las contingencias que se pueden dar tanto en las universidades públicas y privadas que se cierren.

Con respecto a la culminación del proceso de licenciamiento por parte de Sunedu, el avance alcanzado ha sido muy importante, por lo que esperemos que termine a finales del 2019. No olvidemos que la moratoria de creación de universidades vence en abril de 2020. Para esa fecha, ya deberíamos tener la reforma más consolidada.

Fuentes:

• Confiep (s/f): I Congreso Internacional de Derecho Educativo
• El Montonero (06/05/2019): La educación y el derecho y la nueva reforma