En el actual contexto de “alanización” de la agenda pública nacional, consecuencia del pedido de un segundo asilo político de Alan García Pérez, como mecanismo de evasión de la justicia por delitos de dos gobiernos marcados por la corrupción, diferentes asuntos de interés nacional vienen siendo invisibilizados, uno de ellos: el Proyecto de Presupuesto Público del año 2019.
El Congreso discute desde agosto el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2019. Los días 28 y 29 de noviembre se debatió la le Ley de Presupuesto en el pleno del Congreso de la República, y se iniciará el debate de tres dictámenes: de La Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero. Si la autógrafa de la Ley de Presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo hasta el 30 de noviembre, entra en vigencia el Proyecto de este, que será promulgado por Decreto Legislativo.
El monto total proyectado para el 2019 asciende a la suma de 168,100 millones de soles. El incremento en relación al año 2018 es de 6.9%. Se destinará el 70% al gobierno nacional (centralista), 17.85% a las regiones y 11.9% a los municipios provinciales y distritales. Sin embargo, a la fecha 15 artículos y 4 disposiciones complementarias no cuentan con consenso, entre ellos: montos totales (art. 1, ni más ni menos), las fuentes de financiamiento (Art. 2) , la prohibición de ingresos de nuevo personal (art. 6 ), el incremento de sueldos de docentes (Art. 35 ), entre otros.
En el caso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), cabe destacar que se ha producido un incremento, y la Lucha Contra la Violencia hacia la mujer por primera vez ha sido establecida como una de las cinco políticas priorizadas en el Presupuesto Publico 2019, decisión que debemos saludar .
Las políticas públicas priorizadas en el presupuesto público 2019 son: Educación y salud, lucha contra la violencia hacia la mujer, descentralización, intervención en zonas afectadas por friaje, heladas y nevadas y mantenimiento para infraestructura vial y otros.
Por su parte el MIMP ha señalado las Prioridades Estratégicas del sector:
- Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres.
- Garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y Poblaciones vulnerables frente a todo tipo de violencia y
- Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables.
El actual ente rector MIMP tiene una producción normativa rectora transversal a todos los niveles de gobierno nacional y sub-nacionales y tiene una mirada integral y transformadora de los enfoques precedentes, al de igualdad de género; ópticas anteriores que ignoraban o subvaluaban en sus perspectivas y enfoque las relaciones de poder entre los géneros: incorporando posteriormente el concepto, el principio y el derecho a la igualdad, como objetivo estratégico del desarrollo, centrado en la persona como ciudadana/o sujeta/o de derechos y promulgo el Plan Nacional para la Igualdad de Género (PLANIG 2012 – 2017) en un proceso participativo; desarrollado en el II Semestre del 2011 y actualmente en fase de proyección . EL PLANIG se formuló de acuerdo a la Ley Nº 28983 (Ley de Igualdad de Oportunidades, LIO) y basado en el mandato de la Constitución Política del Perú que establece los derechos ciudadanos de las personas y dispone que el Estado tenga la responsabilidad de avanzar hacia la igualdad y no discriminar.
En el 2015, Cepal señaló en su informe regional sobre el examen y evaluación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y el documento final del vigésimo primer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de América Latina y el Caribe que “…Solo unos pocos países de la región muestran en la ley de presupuesto, asignaciones significativas para las políticas destinadas a mejorar o garantizar los derechos de las mujeres.” En el caso del Perú esta situación no es la excepción, pese a la incorporación de la dimensión de género en el Presupuesto Público (PP).
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El actual presupuesto del Sector (Comparativo PIA 2017 al 2019) muestra un significativo incremento, básicamente para el financiamiento de las medidas propuestas en el Plan de Acción Conjunta de la “Comisión de Emergencia”, encargada de proponer acciones para la protección, prevención y atención de los casos de Violencia contra la Mujer”, a ser transferida a los diferentes sectores, es decir es: una “Partida “Multisectorial”.
Debemos señalar sin embargo que en términos absolutos el Presupuesto del MIMP de 546 millones de soles representa en relación al Presupuesto General de la Republica 2019 solo el monto de 0.32% del Presupuesto Nacional, (ello no incluye el Presupuesto Multisectorial de la Comisión de Emergencia) con lo cual poco se podrá lograr. Si incluimos el fondo Multisectorial de Emergencia el presupuesto ascenderá a 746.0 (546.0 + 200.0), ello, en relación al Presupuesto Público representa el monto de 0.44% del PP. A todas luces en ambas situaciones los montos en referencia, (incluido del de” Emergencia”) resultan insuficientes.
Para la ampliación y mejoramiento de los servicios del 2019 el MIMP se ha planteado: Creación de 06 Unidades de Protección Especial–UPE (acumulado al 2019: 22 UPEs). Creación del servicio de Acogimiento Familiar en Lima. Creación de 50 CEM en Comisarias (acumulado al 2019: 396 CEMs), Creación de 5 Servicios de Atención Urgente–SAU (acumulado al 2019: 8 SAU), Implementación de la Estrategia Rural en 10 distritos rurales (acumulado al 2019: 65 Estrategia Rural). Implementación de 1 Centro de Atención Integral–CAI (acumulado al 2019: 4 CAI).
La lucha para erradicar la violencia contra las mujeres es uno de los ámbitos de actuación estatal que mayores esfuerzos y recursos presupuestales ha merecido desde el 2008 hasta la fecha (2018) y aun se proyecta así hacia el 2019.
Tal como lo refleja el informe del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y El Caribe (CEPAL, 2011) “la implementación de las políticas es heterogénea conviviendo en la región países donde los Mecanismos para el adelanto de la mujer (MAN) están más abocados a resolver los problemas específicos, ciertamente graves, como la violencia contra las mujeres, sin poder incidir en las políticas sectoriales o aquellas que impactan en cambios estructurales.”
Ello ratifica nuestra mirada que la asignación presupuestal prioriza una mayor inversión en la lógica de acciones menos transformadoras versus aquellas que cuentan con más fuerza para alinearse en los derechos sustantivos de las mujeres en su calidad de ciudadanas y no en su situación de víctimas.
Si bien es cierto los Centros de Emergencia Mujer (CEM) que eran 13 en 1,999, son 339 en el 2018 y se proyectan a un acumulado de 396 al 2019, se observa sobre todo un trabajo articulado en aquellos 93 ubicados en las comisarías del país, según señala el informe de la Defensoría del Pueblo, en tanto son las comisarias la primera institución a la que acuden las victimas en busca de ayuda. Se requiere contar con más CEMs que atiendan las 24 horas durante 7 días ( 24/7) ya que la violencia no tiene horario de oficina.
Finalmente compartimos el criterio “la indiferencia también es violencia “y lo es también una respuesta del Estado que no sea transversal e integral por lo que resulta inaceptable que, en el Día Internacional de Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, haya mujeres que en la marcha hayan sido agredidas. ¡Basta de violencia!
En resumen, el presupuesto MIMP pasó de 0.32% a 0.44% lo que nos hace demandar menos discursos y más recursos.
(*) Ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social. Magister en Políticas Públicas de Igualdad y Género. FLACSO Uruguay (México 2013-2015). Integrante del Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial (2018).
Tomado de Otra Mirada.pe