Debido a su indiscutible urgencia, las reformas del sistema de justicia y el sistema político anunciadas por el Presidente Vizcarra el 28 de julio pasado, han suscitado un intenso intercambio en los medios y en la opinión pública que ha terminado desplazando de la atención pública la reflexión sobre el estado de otras políticas igualmente relevantes para el país, como la política educativa y de descentralización del Estado.
En Educación, el Presidente destacó cuatro medidas de política: la calidad docente, la construcción de locales escolares, la reforma universitaria y la práctica del deporte. Su gobierno continuará apostando por la meritocracia y el diálogo con los docentes con vistas a mejorar no sólo el rendimiento académico de los estudiantes, sino su formación en valores y el desarrollo de su pensamiento crítico, es decir, su formación ciudadana, con el fin de contribuir a consolidar una sociedad democrática, libre de violencia y discriminación.
Sin embargo, estas cuatro medidas resultan acotadas si consideramos la compleja agenda de reformas que requiere el sector. No se condicen con la promesa de que la educación sería pilar central de su gestión hecha en el discurso de asunción del mando. De allí la percepción de una mayoría de miembros de la Red Edugestores (67.4%), de que la educación no ha sido importante en la agenda de los primeros 100 días de gobierno, a lo que se agrega una frustración de expectativas respecto a los anuncios esperados en el mensaje del 28 de julio, siendo los principales, el incremento del presupuesto público para el sector (58%) y la concreción de un pacto social en favor de la educación (41%).
Posicionar la educación en el centro de las preocupaciones y acción de la sociedad y el Estado peruanos en los próximos tres años es una tarea pendiente que requiere de un esfuerzo constante. Habrá que perseverar en la demanda y el apoyo al cumplimiento de los compromisos y acuerdos en educación, tanto por parte del gobierno nacional, como de los gobiernos regionales, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general. Sólo así será posible avanzar en el conjunto de transformaciones educativas que requiere el país.
En Descentralización, el Presidente inició reafirmando el quinto eje prioritario de su gestión “descentralización efectiva para el desarrollo”, el mismo que fue retomado casi al cierre del mensaje presidencial.
Destacamos en esta parte la reafirmación del compromiso de construir un Estado descentralizado que lleve servicios y oportunidades de desarrollo en todo el territorio nacional. En esa perspectiva los avances en las inversiones descentralizadas, a través de los GORE y MUNI Ejecutivo, son importantes, sin embargo; deberían complementarse con otros mecanismos de articulación intergubernamental que permitan distribuir de mejor manera los roles y funciones entre los tres niveles de gobierno.
Un anuncio importante ha sido, sin duda, el incremento hasta en un 40% a favor de los gobiernos regionales y locales, del presupuesto nacional del próximo año. Este incremento deberá contribuir al financiamiento de las competencias transferidas a los gobiernos descentralizados. Pero tan importante como ello, será superar las dificultades en las relaciones intergubernamentales. Esta ha sido considerada, por ejemplo, como la principal dificultad entre el Minedu y las regiones, de acuerdo a la reciente encuesta de Edugestores a la que nos hemos referido anteriormente. Lo que se reclama es mejorar las relaciones intergubernamentales no solo para hacer más eficientes las inversiones, sino también para que cada nivel de gobierno intervenga desde su propio rol en la satisfacción de los bienes y servicios que la ciudadanía espera.
Foto: referencial.