La periodista Jacqueline Prieto del diario La República realizó este informe sobre la situación de las denuncias de hostigamiento sexual a estudiantes entre 2015-2016 que recibió la Dirección Regional de Educación (DRE) de Piura. En este periodo se registró un total de 92 denuncias, de los cuales 71 procesos se encuentran abiertos y otro diez en investigación preliminar.
El funcionario detalló que la mayoría de casos se reportó en la UGEL Sullana, con 13, seguido de Talara con 12, Huancabamba con 10 casos y en Piura se registraron 11 acusaciones de los alumnos y alumnas.
No obstante dejó en claro que los docentes que fueron destituidos del magisterio están impedidos de participar de cualquier concurso. Por lo que, dijo, supervisarán de cerca las contrataciones y el desempeño de los docentes.
Además, Jorge Luis Calle se mostró optimista con la contratación de especialistas en convivencia en todas las UGEL, lo cual ayudará a que los profesionales implementen la normativa que el Minedu tiene para la protección de niños y niñas frente a estas conductas que ya se encuentran penadas.
“También apostaremos para que el trabajo de tutoría ayude al niño a desarrollar competencias protectoras, porque no solo puede estar frente a docentes con conductas pedófilas sino a las de sus familiares. Debemos tener una mirada de empoderar a los menores”, subrayó.
Por otro lado, cabe resaltar que esta información la brindó luego que el Colegio de Sicólogos mencionara que entregó al Gobierno Regional de Piura una lista de docentes que no se encuentran sicológicamente aptos para enseñar en las escuelas públicas.
Al respecto el titular de la DRE señaló que desconoce la información, no obstante indicó que, lamentablemente, la normativa del Ministerio de Educación (Minedu) no prohíbe que docentes sancionados temporalmente postulen a una plaza para volver a las escuelas.
“Por política nacional, las direcciones regionales no pueden dejar de contratar a los docentes con estos antecedentes, porque el marco que regula la contratación no se prevé ningún examen. Lamentablemente los usuarios y nosotros nos basamos en la regulación del ministerio y cualquier elemento que colisione con ello puede ser quejado o denunciado”, expresó.
Cabe recordar que en el 2016, el consejo regional aprobó una ordenanza que declara de interés público y prioridad la seguridad y autoprotección a los educandos de las instituciones educativas de la región.
De esta manera se busca frenar los casos de acoso, hostigamiento y abuso sexual contra las alumnas de parte de malos profesores, directivos y personal administrativo de los colegios.
Tomado de La República.