Hace algunos días publicamos en Edugestores un análisis del diagnóstico del estudio  Educación privada de ‘bajo coste’ en el Perú: un enfoque desde la calidad realizado por las investigadoras Clara Fontdevila, Paola Marius, María Balarín y María Fernanda Rodríguez.  El estudio muestra cómo en las dos últimas décadas, la oferta educativa privada en el Perú ha experimentado un notable crecimiento, especialmente en Lima Metropolitana, – donde la participación privada en la educación básica pasó del 29% en el año 2004 al 50% en 2014. Crecimiento que es en gran medida resultado de la liberalización y desregulación del sector emprendida durante los años 90 y de la pasividad, tolerancia o falta de capacidad de respuesta estatal. Sin embargo, son claros los problemas de calidad en relación a los aprendizajes que obtienen los estudiantes.

Tras el análisis, que publicamos en una nota anterior, destacamos a continuación cuatro desafíos para el Ministerio de Educación y sus instancias de gestión descentralizada respecto al crecimiento del peso del sector privado que no cumple con estándares mínimos de calidad:

1. Disponibilidad de la oferta educativa estatal. La oferta pública se ha mantenido constante a pesar de las dinámicas de cambio demográfico. Resulta necesario revisar los procedimientos y criterios para la creación de instituciones públicas en algunas zonas urbanas y reforzar el trabajo de planificación urbanística en áreas peri-urbanas o nuevos asentamientos a fin de asegurar la disponibilidad de terrenos con capacidad de acoger instalaciones educativas acorde a los estándares del Ministerio de Educación.
2. Refuerzo de la educación pública. Revisar y mejorar la oferta estatal a fin de estimular la demanda de educación pública. Actuar sobre la percepción de una ventaja cualitativa asociada a la educación privada, a fin de reforzar el prestigio de la oferta pública que refleje adecuadamente sus niveles de desempeño.
3. Reglamentación del sector privado y revisión al alza de estándares mínimos. El Ministerio de Educación continúa en negociaciones para la aprobación del reglamento unificado y una estrategia integral de trabajo con las instituciones educativas privadas. Resulta necesario asegurar que tal revisión se traducirá en una regulación estricta y rigurosa del sector, capaz de corregir un amplio espectro de problemáticas, incluyendo prácticas de discriminación y selección de alumnado, informalidad y presencia de escuelas no registradas, o ausencia de unos mínimos estándares de calidad, entre otros.
4. Capacidad rectora y reguladora de los entes estatales sobre los proveedores privados. Se han tomado ya algunas medidas, entre ellas la creación del Sistema de Información para la Gestión de las Instituciones Educativas (SIAGIE) en el año 2012; la promulgación de normas técnicas que regulan aspectos importantes de la provisión de servicios privados (como la Resolución Ministerial N° 0431-2012-ED), o la creación de la Coordinación de Supervisión de Instituciones Educativas. No obstante, resulta incierto hasta qué punto la administración pública y las autoridades correspondientes disponen de los recursos necesarios y de la voluntad política para hacer efectivo un mayor control y supervisión de la provisión privada.