Por Manuel Iguíñiz
El Ministerio de Educación encargó al Consejo Nacional de Educación la sugestiva tarea de evaluar el Proyecto Educativo Nacional al 2021 (PEN) y la preparación del PEN al 2036. Dicho así, parecería algo de rutina y no algo excepcional en la política educativa peruana. El PEN al 2021 se formuló en un largo proceso de consulta. Hoy corresponde ampliar y enriquecerlo como un proceso formativo de la ciudadanía que se involucra en una forma de hacer política educativa.
En la transición democrática se lograron importantes acuerdos de política nacional y, específicamente, educativa de largo plazo, conocidos como políticas de Estado, por ello, vinculantes. Destaca, claramente, el Acuerdo Nacional. En ese marco, el PEN al 2021 debía avanzar en paralelo con las otras reformas sociales, políticas y económicas en los niveles nacional, regional y local. La raíz de esta necesaria coordinación intersectorial y niveles de gobierno es que las desigualdades en la calidad de la educación de los peruanos tienen múltiples causas, sociales y escolares.
La actual educación peruana, pública y privada, según el PEN al 2021, reproduce las históricas desigualdades sociales. No es accidental que el PEN al 2021 ponga énfasis en la relación con la sociedad en su propio subtítulo: La educación que queremos para el Perú.
La continuidad democrática de casi dos décadas ha facilitado el inicio de muchas medidas de política necesarias que, aunque insuficientemente, se están ejecutando. Si bien estas disposiciones y políticas no siempre están articuladas, ni en continuidad con los acuerdos nacionales, destacan cinco que son claves para avanzar hacia una mejor educación de calidad e inclusiva: la jornada escolar completa, la carrera magisterial, el currículo nacional de educación básica, el acompañamiento pedagógico, la educación intercultural bilingüe y la ley universitaria.
La interacción entre reforma social y reforma educativa ha sido débil en la mayoría de las ejecutorias gubernamentales. El discurso de cambio educativo termina ensimismándose, se enuncia muchas veces sin explicitar su reciprocidad con transformaciones sociales, políticas y económicas. Las transformaciones sociales nunca son fáciles, los respaldos tienen contraparte en resistencias. El efecto es que se desconectan las reformas y todas se debilitan. La educación no aporta ni se retroalimenta de avances del país hacia una sociedad más justa, a la que son inherentes la redistribución del ingreso, la sostenibilidad ambiental, la igualdad de género, la interculturalidad.
Aparecen pues tres compromisos indesligables para los siguientes años: reforzar el cumplimiento del PEN al 2021 y los proyectos regionales; la evaluación de los mismos, y la formulación democrática del PEN al 2036, poniendo bases políticas, éticas e institucionales que garanticen su implementación.
Publicado en El Peruano.