El diario El Comercio publicó una reciente entrevista a la ex ministra de Educación, Marilú Martens, donde comenta los avances de la Ley de Carrera Pública Magisterial durante la gestión de su sucesor, Idel Vexler, y la labor de la Sunedu. La entrevista fue realizada por el periodista Jaime de Althaus.
—¿La gestión del ministro Vexler está profundizando las reformas o está retrocediendo? El tema de la carrera pública magisterial meritocrática, que es la clave, ¿cómo anda?
A ver, en la carrera pública magisterial me preocupa un proyecto de ley que ha sido enviado al Congreso que establece que los concursos para el ingreso a la carrera, que ahora son cada dos años, sean anuales. Eso lo que busca es que más profesores contratados ingresen a la carrera como profesores nombrados. Hoy día sabemos, por diferentes estudios –e inclusive el Consejo Nacional de Educación se ha pronunciado–, que nuestro sistema educativo en la educación básica no necesita más docentes. Tenemos un ratio a escala nacional de 17 estudiantes por profesor, cuando debería ser 25 por profesor; entonces, no necesitamos más profesores, no necesitamos políticas clientelistas.
—¿Políticas clientelistas? ¿Se estaría bajando mucho la valla, la exigencia de los exámenes de ingreso, para que ingresen más pero sin las calificaciones necesarias?
Eso es lo que va a pasar. En el 2015 ingresaron 8 mil. En el 2017 se presentaron más de 200 mil profesores, ampliamos las plazas de ingreso a la carrera a 24 mil, pero lamentablemente no cumplían e ingresaron menos de 10 mil, debido a la deficiente formación previa que nuestros profesores han tenido. Entonces, no es que no haya oportunidad para que ingresen a la carrera, es que no están bien desarrolladas las competencias para que lo hagan. Ahora se quiere que ingresen 15 mil cada año…
—Según el ministro Vexler, lo que pasa es que esos exámenes se hacen con estándares del Primer Mundo, y por eso ingresan solo 8 mil cada dos años…
No me parece, yo he visto los exámenes, habría que ver qué le parece al ministro Vexler tan difícil. Sería bueno que todos los vean. Son de comprensión lectora, de razonamiento lógico-matemático y también tienen algunas preguntas de la especialidad del profesor. Nuestra preocupación no debe ser atender las demandas del docente para ingresar a la carrera –el docente contratado tiene las mismas remuneraciones y beneficios que el docente nombrado en la primera escala–, sino que nuestros profesores tengan las competencias necesarias. Entonces, yo como docente también tengo que esforzarme para ingresar, eso se llama meritocracia.
—Ahora, lo que dice el ministro Vexler es que hay muchos contratados, 150.000, a los que no se les va a poder capacitar, y a este ritmo de 4 mil por año, ¿cómo hacemos para nombrarlos?
Sí se les capacita, igual que a los nombrados. Es verdad que tenemos este número grande de profesores contratados pero, entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos tener profesores nombrados pero con la valla muy baja y seguir con el nivel de educación que tenemos? Lo que tenemos que hacer es esforzarnos en hacer una carrera atractiva, a la que podamos atraer a los mejores. Y tenemos que hacer que estos profesores, que hoy están contratados, tengan las capacidades necesarias para que ingresen a esta carrera…
—Hay un problema: entre el 2008 y el 2016 el número total de alumnos en educación pública se redujo en -7% pero el número de profesores se incrementó en 16%. En teoría, hay un exceso de profesores…
Así es. Para empezar, nuestro sistema educativo no requiere de más docentes. Salen del sistema educativo al año 10 mil docentes jubilados…
—Entonces, ¿cuántos deberían ingresar al año? ¿Cuál debería de ser el ritmo correcto?
El ritmo correcto debería ser que los profesores que ingresen cumplan con los estándares de calidad, que pasen el examen. Necesitamos que ingresen los que tienen las capacidades. No es un número, es una calidad. Si podemos nombrar 10 mil al año, con capacidades, bien. Porque lo que tenemos que hacer también es renovar, rejuvenecer a nuestro magisterio. Durante mi gestión empezamos a desarrollar un programa de jubilación anticipada que sería muy bueno que esta gestión lo continúe. Ha sido un pedido de los mismos profesores. Dicen: “Somos profesores de educación inicial, tenemos 60 años, nos es difícil”.
—¿Pero cómo conseguimos, entonces, que haya profesores o postulantes de mejor calidad?
Lo primero es mejorar la formación magisterial. Nosotros identificamos algunos pedagógicos en las regiones para transformarlos en institutos modelo, referentes, para tener uno por región. Eso debería continuarse y fortalecerse. Ahora, para que nuestros contratados mejoren y puedan ingresar, hay intervenciones como el acompañamiento docente, que tienen que continuar…
—Pero se va a reducir. El ministro Vexler me dijo lo siguiente: “En primaria polidocente el acompañamiento se mantendrá en un 50% pero que sea efectivo, amable y pertinente. Una de las causas de la huelga en muchas regiones ha sido un monitoreo y acompañamiento vertical, poco amable y sin tener en cuenta las experiencias de los docentes”.
Esas son percepciones, hay docentes que se sienten fortalecidos y muy agradecidos. Los acompañantes son formados en lograr la capacidad de observación y análisis del desempeño docente en aula. Y los resultados objetivos son una mejora en los aprendizajes. Ahora, en cambio, se está regresando a una especie de Pronafcap, que hubo hace más o menos diez años, que era capacitar a los profesores en estos cursos que hacen los institutos y las universidades, cuyos resultados sabemos que no fueron buenos. Yo no creo que quien preparó de una manera no adecuada inicialmente a nuestros docentes vaya ahora a prepararlos mejor. En cambio, el acompañamiento consiste en que especialistas fortalecen a los docentes en el aula para que instrumenten los enfoques pedagógicos en su práctica en el aula. Esto no se puede hacer en un instituto. Te lo digo como profesora de aula que he sido, como directora de colegio que he sido, como ministra que he sido: resulta mucho más efectivo ir al contexto donde se desarrolla el profesor y ver en qué puede mejorar, que sacarlo de su contexto y traerlo a un instituto que ya lo formó y lo malformó.
—También se dice que ese programa estaba sobredimensionado, que había mucha gente…
Son 20 mil personas contratadas que están en todas las regiones, pero son cerca de 390 mil profesores, en diferentes modalidades. E incluye el “soporte pedagógico”, que atiende al conjunto de la escuela, al director y trabaja con los padres de familia. Teníamos, además, el “semáforo escuela”, que también creo que no se va a seguir, por el cual podíamos, por primera vez, medir y monitorear la asistencia de los estudiantes a clase, la asistencia de los profesores, de los directores. Todo esto respondía a las metas de la reforma. Yo no lo creé, pero funcionaba y mejoramos lo que había que mejorar. Debemos seguir avanzando, hay brechas muy grandes que cerrar y el retroceder nos hace perder tiempo.
—La evaluación de desempeño a los de inicial, que fue uno de los temas en la huelga magisterial, se hizo finalmente y aprobó el 99%, ¿eso tiene sentido?
A ver, el valor de una evaluación es identificar fortalezas y debilidades, sobre todo para ver qué debemos mejorar. Si una evaluación no nos arroja eso, no tiene sentido. Entonces, yo sí creo que debimos ser un poquito más rigurosos y no crear este miedo a la evaluación. La evaluación es muy rica. Es muy rica inclusive para el profesor que es evaluado. Debemos crear la fidelidad del docente a ser evaluado, porque a partir de esto él mismo va a mejorar su práctica, porque si el docente no hubiera pasado, inmediatamente se le inscribía en un programa de capacitación. Lamentablemente, con los resultados no podemos fortalecer estas prácticas.
—Pero, entonces, el problema es que se están disminuyendo los niveles de exigencia en varios aspectos y así no vamos a mejorar la calidad de la educación…
Yo creo que nos falta saber cuáles son las definiciones de esta gestión: si vamos a seguir con la reforma educativa que responde al Proyecto Educativo Nacional, entonces tendríamos la tranquilidad de saber que se está cambiando una cosa por otra sin que afecte… Queremos muy buenos profesores que sean aliados de esta reforma, pero ellos no son el centro, el centro es la calidad educativa. Debemos mejorar las condiciones de los docentes, sí, pero ellos también tienen que poner de su parte, como cualquier persona, como cualquier profesional. Este clientelismo no es de esta gestión, ha sido la norma de muchas gestiones en el pasado, y por eso es que hemos tenido este nivel de logro de aprendizajes.
—Y con relación a la educación superior, ¿se está trabajando bien?
En lo que se refiere a la reforma universitaria, en estos meses vivimos una indefinición, una zozobra, primero porque ya hemos visto que no se ha puesto en discusión la ley de moratoria…
—Pero si ya tienes una Sunedu, que es la que licencia, ¿cuál es el problema con que haya nuevas propuestas de universidades?
¡Hay 16 proyectos de ley de creación de universidades públicas en el Congreso! Primero tenemos que ordenar el sistema para asegurar una calidad mínima, que es un derecho de todos nuestros estudiantes. Hoy día tenemos 143 universidades en el proceso de licenciamiento, de las cuales ya se licenciaron 30. Necesitamos que las 143 universidades que hoy están en este proceso garanticen realmente la calidad para nuestros estudiantes, y si no lo garantizan, que se cierren.
—¿Pero cómo es posible que se demoren 14 meses en licenciar una universidad buena y, sin embargo, no haya ninguna universidad cerrada hasta ahora, de esas que son pésimas?
Sí se han cerrado carreras, se han cerrado programas, se han cerrado, inclusive, sedes filiales, y hay cerca de 30 universidades que están en un proceso de adecuación que vence ahorita, en julio del 2018. Si no se adecúan, tienen que cerrar. Según el reporte de la Sunedu, 48 locales de universidades deben cerrar por ilegalidad, 45 locales que están en proceso de cierre voluntario, las mismas universidades reconocen que no cumplen con los estándares mínimos de calidad. Pero para eso la Sunedu, hoy día, debería desarrollar una propuesta de qué va a pasar con estos estudiantes, que no son pocos, si esas universidades o estas sedes o filiales se cierran, entonces…
—Tienen que ser reubicados en otras universidades, ¿no?
Ese es el programa que la Sunedu no ha elaborado aún.
—Ahora, desde que asumió Idel Vexler se ha acelerado el licenciamiento con la indicación de suprimir papeleos y que el consejo directivo se reúna más veces.
Bueno, nosotros dimos todo el apoyo y el seguimiento constante, y ahora toca la cosecha, porque finalmente se cosecha cuando la fruta está madura, ¿no? La Sunedu está cumpliendo su trabajo. Que se ha demorado, sí; que ha pedido a veces exceso de documentación, sí; pero hubo que diseñar los procesos y hoy día contamos con 30 universidades licenciadas que han actualizado sus currículos, adecuado su infraestructura, han hecho que los profesores cumplan con los requisitos, etc. Les ha costado ordenarse para poder cumplir con estos estándares, sobre todo a las públicas…
—Y las universidades públicas, para licenciarse, tienen que haber mejorado, invertido en infraestructura, ¿cómo hicieron?
Tuvieron que mejorar en todo, en personal, en renovación de sus currículos, en equipamiento. En el 2017, firmamos convenio con 25 universidades públicas, a las cuales se les transfirió recursos financieros para el licenciamiento. Esto es una práctica que debe seguir.
(Publicado en el diario El Comercio, el 26 de febrero de 2017).