En Edugestores compartimos este informe elaborado por Caretas sobre las problemáticas que debe afrontar la actual gestión del Ministerio de Educación:
Pasa piola la situación en la Sunedu. La Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, hay que recordarlo, fue la madre del cordero que puso en la mira al censurado exministro de Educación, Jaime Saavedra. Los intentos parlamentarios, y particularmente fujimoristas, por tumbarse la supervisión universitaria expusieron escandalosos conflictos de interés entre quienes tuvieron en la educación un negocio muy lucrativo de pobres resultados para los estudiantes.
Con la salida de la exministra Marilú Martens, esos intereses han vuelto a la carga. Ahora, en la comisión de Educación, los argumentos contra la Sunedu se concentran en el licenciamiento. De 124 universidades que han presentado su solicitud de licenciamiento, 55 tienen observaciones. Durante el proceso se han encontrado preocupantes irregularidades, incluso la apertura de sedes regionales durante el período de moratoria.
El lunes 2, el congresista Guillermo Bocángel pidió la salida inmediata de la superintendente, ya que, según él, tenía información de licenciaturas otorgadas de forma irregular. El parlamentario fue rector durante dos años (2013-2015) de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Unheval) Huánuco y fue denunciado por la Fiscalía por presuntos delitos de usurpación de funciones y desobediencia a la autoridad, ya que se rehusó a salir de su cargo. Actualmente dicta cuatro cursos en la Universidad San Martín.
Lucio Ávila, quien fue presidente de la comisión de Educación la legislatura pasada, pidió debatir el límite de 70 años para los catedráticos. Las universidades tienen plazo hasta el proximo año para cesar a los profesores mayores de esa edad. El fujimorista fue rector de la Universidad Nacional de Antiplano en Puno entre 2010-2014 y demandó conseguir la acreditación vía el organismo previo del Sineace.
La comisión llamará en las próximas semanas a la superintendente Lorena Masías para que brinde sus descargos sobre su gestión. Ya se ve por dónde va la jugada.
Masías se reunió el martes 3 con Vexler. Su gestión concluye en enero y el ministro debe decidir si la ratifica por tres años más. En diciembre también culmina la moratoria para crear nuevas sedes universitarias. La intención que el titular del sector ya ha hecho pública para modificar la conformación del Consejo Directivo abre, la ventana para influir la supervisión.
En los días siguientes, se oficializaron cinco renuncias entre las que están Liliana Miranda Molina, viceministra de Gestión Pedagógica, y Sofia Milagros Prudencio Gambio, jefa de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial. La mayoría de direcciones y secretarías –desarrollo docente, gestión descentralizada, calidad de gasto, tecnología educativa, planificación estratégica, diálogo– ya han visto relevos. La parcial pero significativa renovación generacional que se observaba, con el consiguiente cambio de cultura institucional, ha sido detenida.
También preocupa el manejo de las exigencias del magisterio, cuya huelga fue la razón en la que la oposición justificó la censura de Martens y, por ende, del gabinete encabezado por Fernando Zavala.
Sobre las evaluaciones a los maestros, dijo, desde Piura, que si bien el sistema de rúbricas es “fundamental para la meritocracia”, y no se busca “despedir sino capacitar al maestro”, añadió que “los congresistas tienen toda la potestad de legislar”. También anunció que el modelo de evaluación será materia de análisis.
César Guadalupe es presidente del Consejo Nacional de Educación desde mayo, su período culmina en el 2020 y dentro de la institución que preside tiene como gran tarea velar por el Proyecto Educativo Nacional (PEN).
Los cambios profundos, asegura, “serán el resultado de un proceso muy largo”. Las taras que carga la educación vienen de décadas atrás y advierte que los proyectos de ley que pretenden modificar la carrera magisterial “obedecen a la coyuntura. Hay que retroceder un paso y pensar en el problema fundamental. Necesitamos revalorar la carrera de los maestros y eso supone fortalecer la formación en una carrera que está basada en el mérito y no en la prebenda, como ha sido en los últimos 40 años”.
Descarta que las Evaluaciones de Desempeño “vayan a derivar en despidos masivos, de hecho creo que podría ser al revés. La mayoría de profesores van aprobarlas. Estoy seguro que los profesores también van a pasar las rúbricas, sin ningún problema”.
Si así están las cosas, ¿tiene sentido bajarle la llanta al sistema de evaluaciones y ceder ante la presión de los dirigentes radicales y sectores del Congreso?
Fuente: Caretas, informe publicado el 5 de octubre de 2017. Foto referencial.