En Edugestores reproducimos este informe de Milagros Berríos publicado ayer por el diario La República:

Luego de que se convirtiera en uno de los puntos más controversiales durante la huelga magisterial, la evaluación de desempeño vuelve a provocar el rechazo de un sector de maestros y hasta de autoridades. Así lo evidencia la reciente ordenanza del Gobierno Regional del Cusco, publicada el 20 de setiembre, que suspende el referido proceso hasta que se implemente y ejecute un programa de capacitación para los docentes de inicial, a quienes está dirigido este año.

Esta medida paraliza el desarrollo de la mencionada evaluación que verifica (y califica) la labor de los maestros en el aula, su relación con los padres de familia y su cumplimiento en la escuela. Todo esto está contemplado en la Ley de Reforma Magisterial.

Pero ¿esto es posible? El Ministerio de Educación (Minedu) dice que solo el Gobierno Central puede definir las políticas nacionales y sectoriales; y que, en lo referido a la evaluación de desempeño, lo único que puede hacer la autoridad regional es supervisar su ejecución. No puede modificarla ni suspenderla. “Los exhortamos a que respeten los instrumentos de la política nacional y permitan seguir con regularidad el curso de las evaluaciones”, señaló el viceministro de Gestión Institucional, Fernando Cáceres. De lo contrario, sostiene, evaluarán acciones legales. La primera sería interponer, a través de la Procuraduría del sector, una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC). Otra posible medida será llevar el caso a la Fiscalía para que esta evalúe iniciar un proceso penal por usurpación de funciones.

Pero antes de esto, y como acción inmediata, el Minedu enviará un oficio al Gobierno Regional exhortándolo a que dé un paso atrás y retome la aplicación de la evaluación.

Solo Cusco ha oficializado la iniciativa, que ha sido publicada en el diario oficial El Peruano. En tanto, Puno acaba de aprobar una norma similar en una sesión de consejo; mientras que en Arequipa y Moquegua, también se han presentado proyectos de ordenanza, pero sin resultados.

La capacitación. Durante la huelga magisterial, uno de los compromisos del Minedu era capacitar a los maestros que serían evaluados. Pues bien, según el viceministro Fernando Cáceres, el 96% de docentes en el Cusco (de un total de 161) ha pasado por lo que denomina “talleres de profundización”, los cuales duran un día. “Según la ley, hay tres evaluaciones. En el medio de estas (si el maestro desaprueba) hay dos capacitaciones, que pueden considerarse pedagógicas. Lo que ha añadido el Minedu es que, antes de la evaluación, habrá un taller para informar cómo son los instrumentos, cómo se aplica la metodología”, dice.

Ordenanzas y leyes. En Arequipa, donde ya culminaron los talleres y se viene aplicando la evaluación, un grupo de maestros ha presentado un proyecto de ordenanza ante el Consejo Regional, el cual se ha mostrado en contra de la misma. “En regiones, las ordenanzas son leyes y son de cumplimiento obligatorio si no se declaran inconstitucionales. Si se aprueban, tendríamos la obligación de cumplirlas. Sin embargo, el consejo le respondió al sindicato que esa no era su competencia”, comentó el titular de la Dirección Regional de Educación (DRE), Guido Rospigliosi.

Por su parte, Cáceres insiste en que si bien las ordenanzas regionales tienen rango de ley, solo el Gobierno Central define las políticas nacionales. “No pueden estar encima de una norma del Ministerio”.

Hace menos de dos semanas, La República ya había informado sobre las demandas de los maestros en el Cusco. Ahora, el Minedu dice que la evaluación no puede postergarse hasta el próximo año.

A esto se suma otra precisión del sector: este año la evaluación de desempeño, la primera en 33 años, se hará sin modificaciones y sí se considerará a los desaprobados.

Antecedente

• En julio pasado, la Corte Superior de Pasco sentenció a 4 años de cárcel al ex gobernador de Pasco, Félix Rivera, y a sus consejeros regionales luego de que en el 2007 acordaran el pago a docentes en huelga, pese a la prohibición del Minedu. “Se trató de interferir en una política pública”, dice Cáceres.

Fuente: La República. Foto: Melissa Valdivia.