Por Alessando Caviglia Marconi*
La huelga de los maestros ha sacado a la luz tres problemas de la educación pública nacional: la baja remuneración de los maestros, la oposición a la meritocracia por parte de algunos maestros y la lucha política interna por controlar el gremio. Pero estos tres elementos, que han saltado a la discusión pública, deja un cuarto problema en la sombra, a saber: la cuestión del contenido de la educación. Respecto de lo último no se discute en absoluto, y sin embargo se trata de una cuestión preocupante.
Respecto de la remuneración, sucede que desde el gobierno de Alberto Fujimori hasta la actualidad ha habido una política paulatina de mejora, con excepción del segundo gobierno de Alan García, que congeló el sueldo de los maestros. Si esto es así, ¿por qué el sueldo sigue siendo tan bajo? Debido a que durante el primer gobierno de García la remuneración de los mismos se desplomó. En este sentido, el argumento que viene de algunos sectores del gobierno, según el cual estaríamos pagando los platos rotos de décadas de embalsamiento de los sueldos no es tan exacto. Lo que los maestros han conseguido con esta huelga es que se adelante el incremento del sueldo, que se había prometido para el próximo año.
La oposición a la meritocracia corresponde a una cultura enquistada en el gremio de maestros orientada por la estabilidad laboral absoluta y por una política de ascenso automático con el pasar de los años. De acuerdo con esta política, una vez que los maestros consiguen el nombramiento, el criterio que cuenta para el incremento salarial y los beneficios sociales adicionales es el de la antigüedad. En cambio, la Ley de Reforma Magisterial reemplaza dicho criterio por el del mérito, de manera que los ascensos y los beneficios se den a los maestros que muestran un mejor desempeño en su función porque han estado invirtiendo en su capacitación.
La lucha política al interior del gremio, agrupado en el Sutep, tiene que ver con el intento de Sendero Luminoso (SL) (bajo los ribetes de Movadef, de Sutep Conare o de Sutep de la Bases Regionales, cuya cara visible el Pedro Castillo, pero cuyo liderazgo real se encuentra en la sobra) de arrebatarle la dirigencia a Patria Roja (PR). Desde los años setenta, Patria Roja y Bandera Roja (del que surge la facción SL) pugnaron por controlar el gremio, y el primero logró imponerse. Desde entonces mantuvo el predominio sobre el gremio hasta ahora, entre otras cosas, gracias a tres cosas. En primer lugar, la creación y el fortalecimiento económico de la Derrama Magisterial, que fue manejada con bastante eficiencia. En segundo lugar, porque Patria Roja ha sabido negociar con los gobiernos de turno (cosa que SL ha acusado siempre de “entreguismo”). Y, en tercer lugar, por haber debilitado la democracia interna del Sutep, de manera que los dirigentes importantes siguieron siendo siempre los mismos y todos pertenecientes a PR.
Lo que ha conseguido SL con esta huelga es a) ganarse el apoyo de muchos profesores por la cuestión de la mejora remunerativa y con la cuestión del control sobre la Derrama por parte de Patria Roja, b) conseguir notoriedad a nivel nacional y c) debilitar el poder del CEN del Sutep, controlado por Patria Roja. Además, lo que está buscando SL es el cese del año escolar, pues ello significaría para ellos una gran victoria política. Lo que llama la atención en todo esto es la ausencia de las demás agrupaciones políticas en el Sutep.
Un tema que ha quedado completamente fuera del debate es el del contenido de la educación. Esto se debe a dos razones centrales: la primera es que las reivindicaciones planteadas por los maestros no incluyen dicho tema y la segunda es porque existe un acuerdo tácito entre todos los sectores de la sociedad en que no hay nada que discutir al respecto. Según dicho acuerdo, la educación es una herramienta para que las personas se inserten en el mundo laboral en el contexto de un mercado que ha sido articulado por las reformas neoliberales. Así, la educación se orienta a formar engranajes del mercado, pero no personas ni ciudadanos. Indicador de ello es la reducción de las artes y humanidades en la currícula escolar, así como la expulsión del curso de filosofía. El acuerdo incluye la idea de que, puesto que la educación es una herramienta para el mercado, si alguien puede conseguir dicho fin por otros medios, la educación queda sobrando. Es por eso que la sociedad encomia los logros de aquellas personas que salieron adelante sin haber terminado la educación.
La cuestión de la educación tiene que ver con la pregunta política fundamental, a saber, ¿quiénes somos y quiénes queremos ser? La respuesta a esa pregunta supone un debate entre todos los sectores de la sociedad. Pero eso supone que las personas gozan de las libertades políticas necesarias para participar de este. Pero aquí no se trata de plantearse la idea de que primero debemos preparar las condiciones para que las personas sean libres y después les damos las libertades y hacemos valer su dignidad. Más bien, esa resulta ser la excusa para todos los regímenes autoritarios. Las libertades y la dignidad de las personas no pueden ser pensadas como la meta de un proceso político, sino como el punto de partida del mismo. Es decir, debemos considerar y tratar a las personas como libres y dignas desde el inicio, y no plantearnos la tarea de capacitarlas para lograr esas metas. En ese sentido, el fin central de la educación debería ser el formar personas para la libertad. Pero aquí no se trata solo de la libertad económica, sino de la libertad para pensar por sí mismos y ser autónomos. De esta manera, la educación debe formar personar que rechacen las relaciones autoritarias, tanto en el hogar y en el ámbito de la sociedad como en las relaciones políticas. En este sentido, la educación debe tratar a las personas como libres e iguales en dignidad, para que puedan ser ciudadanos de una república democrática y no acepten tratos autoritarios y discriminatorios.
De esta manera, el debate sobre el contenido de la educación tiene que ver con cuestiones como el de la inclusión del enfoque de género en la currícula escolar, el lugar que deben tener las artes y las humanidades y la cuestión de la educación en religión católica. Pero, el debate sobre esos temas ha sido sacado de la agenda pública por el poder de grupos radicales que tienen influencia política. Un ejemplo claro de ello es la campaña denominada “con mis hijos no te metas” contra la incorporación del enfoque de género, en la que se aliaron la extrema derecha cristiana, la extrema derecha católica y la extrema derecha política liderada por el fujimorismo. De otro lado, aquello que ha presionado sobre el debate en torno al contenido de la educación ha sido la idea de acreditación de las escuelas y las universidades. Muchas de las exigencias acreditadoras hacen un énfasis en la homogenización de las currículas y en la finalidad práctica de la educación. Dichas exigencias acreditadoras provienen del entorno mundial contemporáneo, pero junto con las agendas políticas de los grupos radicales nacionales y locales terminan por colocar a la educación para la democracia entre las cuerdas.
*Docente Filosofía PUCP.
Publicado en revista Ideele N° 275, agosto de 2017. Foto referencial.
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