Se ha cumplido el primer año de gobierno del Presidente Pedro Pablo Kuczynski. Tal como lo mencionó en su mensaje en el Congreso de la República, durante ese período se han producido avances y enfrentado contratiempos que impidieron el logro de las metas de crecimiento de la economía inicialmente programadas. Para los próximos tres años, la inversión para la reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero se estima en 20 mil millones de soles. De esta inversión, habrá recursos para refaccionar o crear la infraestructura de dos mil instituciones educativas.
El mensaje del Presidente Kuczynski, que fue comparativamente de menor duración que otros similares, destacó tres medidas de política educativa: las mejoras de los aprendizajes de los estudiantes en las pruebas nacionales e internacionales, la elevación de las remuneraciones al magisterio estatal y un mejor control de la calidad de los programas que ofrece la universidad peruana.
El documento “#UnaSolaFuerza”, preparado por el gobierno para esta ocasión, destaca progresos en estos campos, enfatizando los avances en la implementación del Currículo Nacional, el incremento de la cobertura de atención de niños de tres a cinco años, en especial en las zonas rurales y más pobres urbanas, los aumentos remunerativos a profesores nombrados y contratados como un primer paso para alcanzar en el 2018 un piso salarial de dos mil soles, los programas de becas y la inversión en infraestructura educativa.
Cabe indicar que el primer año de gobierno se ha caracterizado por ciertos momentos de tensión o conflicto que alteraron de alguna manera la ejecución de las políticas sectoriales. El primero fue la interpelación de Jaime Saavedra que venía ejerciendo el cargo de ministro de Educación desde el anterior gobierno. Había logrado colocar a la Educación en el primer plano de preocupaciones y que se le asignara un significativo incremento presupuestal, no observado desde hace muchas décadas. Su política estuvo basada en cuatro pilares: la mejora de los aprendizajes, la revaloración de la carrera docente, la ampliación de la infraestructura escolar y el mejoramiento de la gestión. Marilú Martens, su reemplazante, ha procurado dar continuidad a la mayor parte de las líneas de política que venían ejecutándose. Así, por ejemplo, mantuvo firmeza para continuar la implementación de la Reforma Magisterial, la conversión de los programas no escolarizados de educación inicial a programas escolarizados, la ampliación del programa de acompañamiento docente y la aplicación de la Ley Universitaria. Aunque con cambios de colocación, gran parte del personal que integró el equipo de Jaime Saavedra se mantiene en la administración Martens.
Pero, además, la actual ministra ha redefinido las líneas prioritarias propuestas por Jaime Saavedra. Sus cuatro prioridades son la educación inicial, la educación rural, la educación secundaria y la autonomía de las escuelas. La política magisterial es transversal a las prioridades establecidas. Tanto Saavedra como Martens, han coincidido que la educación superior, en especial, la educación universitaria, es una quinta prioridad.
Un segundo tema de tensión en la ejecución de las políticas educativas ha sido el Currículo Nacional. Aprobado luego de más de cuatro años de elaboración, la ministra Martens apostó por iniciar su aplicación a partir de marzo en más de 16 mil escuelas primarias. Lo hizo no obstante las dudas de cierto sector de especialistas y del profesorado sobre la rapidez y condiciones con la que comenzaba a aplicarse: los programas de estudio recién fueron aprobados en diciembre del año pasado y los plazos para capacitar y difundir sus contenidos eran muy cortos.
El principal escollo que se enfrentó en la aplicación del Currículo Nacional son las presiones de quienes se oponen al enfoque de género, el mismo que se ha adoptado como un tema transversal; es decir, que es tratado en las diversas áreas de formación. Las iglesias, tanto católica como evangélicas, así como un movimiento que surgió con el lema “Con mis hijos no te metas”, cuestionaron duramente la forma como era tratado el enfoque de género en el Currículo. El diálogo entre el Ministerio de Educación y representantes de las iglesias católicas y evangélicas condujo a concertar algunas modificaciones al contenido de los programas de estudio. Sin embargo, la posición del movimiento “Con mis hijos no te metas”, fue radical e inflexible, proponiendo incluso que este tema sea excluido del Currículo Nacional. La intransigencia llegó a tal punto que existe una demanda judicial, pendiente de decisión, que cuestiona el Currículo Nacional aprobado. De ser favorable a los demandantes obligaría a las autoridades del Ministerio de Educación a suspender su aplicación. Pronto se sabrá la decisión que adopte el juez.
El tercer campo de tensión es con el magisterio estatal. Una facción del SUTEP, del Cusco, empezó una huelga indefinida el 15 de junio. A esta huelga se han sumado más de la mitad de las regiones del país, sin que hasta fines de julio haya una solución. Los representantes regionales del sindicato actúan coordinadamente pero cada uno con pliegos de reclamo no siempre similares. Las demandas sindicales comunes, además de un aumento salarial a 4,050 soles mensuales, se dirigen a: (i) cuestionar la evaluación del desempeño sin capacitación previa; (ii) disminuir el número de contratados y nivelar sus remuneraciones con las de los docentes nombrados; (iii) pagar la deuda social que se tiene con los docentes por concepto de preparación de clases; y (iv) mejorar las pensiones de los docentes jubilados.
La huelga ha sido calificada improcedente por el Ministerio de Trabajo y el Ejecutivo ha dispuesto que los Gobiernos Regionales empiecen a efectuar los descuentos por los días no trabajados. También, como una estrategia para evitar que el conflicto rebrote a inicios del próximo año escolar, el presidente Kuczynski anunció que el aumento programado a partir de mayo del 2018, se adelanta a marzo.
Se espera que la huelga que realiza un sector importante de los maestros estatales en sus regiones sea resuelta antes del retorno a las escuelas, luego de las vacaciones de mitad de año. Aunque hubo huelgas que duraron hasta tres o cuatro meses, la tendencia es que no sean tan largas, pues a medida que pasa el tiempo aumentan las posibilidades del descuento y empiezan a debilitarse. Para las negociaciones se ha solicitado el apoyo de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de su equipo de negociación de conflictos. Importante será que los esfuerzos que realiza el Gobierno Central sean complementados por los Gobernadores Regionales y Directores Regionales de Educación. Algunos han mostrado actitudes a favor de los docentes en huelga, asumiendo una actitud pasiva frente al conflicto.
La huelga debería servir para adoptar algunas posiciones. La primera es considerar el mérito como un tema fuera de debate de cualquier solución. La segunda es reconocer que no obstante los esfuerzos de las últimas administraciones gubernamentales por mejorar la situación económica de los maestros estatales, todavía éstas no se condicen con la situación que tienen los docentes de otros países que como el Perú están considerados como de ingreso medio. Un tercer asunto es que la política remunerativa de los docentes debe fijarse en el marco de la política de remuneraciones de todo el sector público. No es posible que trabajadores con menor formación profesional ganen 50% más que un maestro, o que incluso aparezcan avisos solicitando la contratación de personal de servicio con remuneraciones similares e incluso mayores a las de un docente. Por último, se sabe que la mejora salarial de los docentes demanda un esfuerzo social considerable que solo podrá ser realidad si aumenta la recaudación tributaria y si se hacen los esfuerzos necesarios para optimizar el uso del recurso docente. En muchos lugares del país están subutilizados y la relación alumnos por profesor no alcanza el mínimo razonable.
Este informe no quiere dejar de hacer referencia al papel jugado por la Comisión de Educación del Congreso. Los estilos de relación y formas de comunicación que se tenían con relación al período 2011-2016 han variado, y si bien son cordiales, existieron momentos de cierta tensión. Es el caso de la posición asumida por algunos congresistas respecto a la matrícula en la educación inicial y primer grado de primaria. Por presiones de algunos padres de familia, se pretende modificar el criterio que el Ministerio de Educación fijó y puso en práctica: el ingreso a la educación inicial de tres a cinco años o al primer grado de la educación primaria para los que nacieron antes del 31 de marzo en la correspondiente edad normativa. La posición de los congresistas que objetan esa medida es extender la posibilidad de matricularse para los que nacieron hasta el 31 de julio. Es aún un tema no resuelto que seguramente volverá a retomarse a inicios del siguiente año escolar.
Otro aspecto de tensión es el relacionado con las modificaciones a la Ley Universitaria. No se ha avanzado al respecto, pero genera incertidumbre el que existen varias iniciativas de parlamentarios a favor de hacer modificaciones a lo que se considera el eje principal de la Ley: la supervisión de la calidad de las instituciones y programas de educación universitaria por parte del Estado. Incluir la revisión de la Ley Universitaria dependerá del plan de trabajo que se fije la nueva directiva de la Comisión de Educación que empieza sus funciones en la legislatura que se inicia en agosto.
No dejan de preocupar igualmente algunas iniciativas dirigidas a la educación privada, como la que sugiere que las pensiones se definan de acuerdo al número de días de clases que asisten los estudiantes.
Presupuesto para Educación
Ya lo ha advertido el presidente Kuczynski: la pérdida de ingresos que significaron el Niño Costero y el caso Lava Jato se estiman en 2% del PBI y afectan las posibilidades de crecimiento del presupuesto del sector público para el 2018. La prioridad de asignación de recursos para inversiones será la reconstrucción de las zonas afectadas.
Para el sector Educación, lo que está asegurado es el aumento de las remuneraciones de los docentes nombrados y contratados, así como el sostenimiento de las principales reformas en marcha. No hay recursos para hacer más cosas. Se inicia un período en el que se debe retomar la ruta del crecimiento de la oferta y calidad de los servicios en un marco de austeridad de recursos.
Importante será lograr un objetivo largamente ansiado por la administración educativa: mejorar la ejecución y calidad del gasto. Al 28 de julio la ejecución del gasto según la fuente Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas llegaba al 52.9% en la partida Personal y Obligaciones Sociales, al 41.2% en Bienes y Servicios, y solamente al 29.9%% en Activos no Financieros. Lo que resta por gastar en la partida Activos no Financieros es 4,861 millones de los 6,931 millones de soles del Presupuesto Institucional Modificado. Tener más recursos que los asignados en el presupuesto de apertura del 2018 dependerá en gran medida de cuán eficiente sea la ejecución sectorial durante lo que resta de este año y el año siguiente.
Publicado en Educared el 31 de julio de 2017.