Fuente: Editorial La República
El Presidente Electo, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), ha propuesto en el Cusco, en la reciente Cumbre Descentralista, una alianza con los gobiernos regionales y locales. Esta propuesta ha sido leída como un llamado a establecer un contrapeso a la mayoría fujimorista en el Congreso y un iniciativa solo de mayor gasto para hacer realidad la propuesta de “revolución social” de PPK.
El Presidente Electo ha dicho: “Yo les pido que hagamos una alianza cuyo eco llegue hasta el Parlamento, en la avenida Abancay, en Lima. El eco es el Perú unido para hacer las obras que necesitamos”. Sus palabras permiten anotar que una alianza con las regiones y municipios es ante todo un relacionamiento político de un gobierno que requiere de contrapartes cercanas que le permitan gestionar con fuerza y eficacia en el Parlamento decisiones de política pública en una dinámica que conducirá a un mayor peso político de las regiones.
De concretarse, esta iniciativa implicaría el deseado relanzamiento del proceso descentralista, bloqueado o inmovilizado durante el gobierno actual. Pasando de las palabras a la realidad significaría una revisión de las demandas de las regiones y de los municipios que pasan por el incremento de competencias y funciones y un mayor gasto.
Esta agenda es polémica. Es cierto que regiones y municipios requieren de dotarse de una mayor capacidad de gestión. Para eso no serán suficientes las medidas planteadas inicialmente por el programa de gobierno de PPK que se reducían a la mejora de la prestación de servicios fuera de la capital.
Las regiones, por ejemplo, demandan la aprobación de la Ley de Descentralización Fiscal, exigen la aprobación de una norma enérgica de reordenamiento territorial y junto a los municipios piden que se reforme la Constitución para que las actuales autoridades puedan reelegirse por lo menos un período más.
En este mismo punto, varias expectativas de los gobiernos subnacionales dependen no del Congreso sino del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo cual exigirá que la primera alianza sea al interior del gobierno. Finalmente, la idea de mayor gasto tiene sus consideraciones y la más importante de ellas es la calidad de la inversión. Sería ideal que los nuevos recursos sirvan para financiar las obras inconclusas y no para emprender nuevos proyectos, sobre todo en el ámbito de la infraestructura porque tiene sentido el futuro titular del MEF Alfredo Thorne cuando nota que el Perú no tiene un problema de financiamiento, que lo que tiene es un problema de ejecución de proyectos, un asunto de velocidad que conduce al rezago en infraestructura.
La iniciativa de una alianza con las regiones es positiva sobre todo si persigue darle un curso coherente y responsable a la más importante reforma del Estado emprendida los últimos 15 años. Las regiones quieren un poder que deben ejercerlo con solvencia y el gobierno central avizora que su tarea será para facilitar las inversiones, la recaudación y la repartición de los tributos. En esas condiciones es un buen y promisorio encuentro.