La lluvia de promesas electorales requerirá, para ser implementada y cumplir así con la expectativa ciudadana, de un extenso grupo de hábiles servidores públicos que desde el día uno se dedique a sacar las cosas adelante. No solo se harán cargo de hacer que se cumplan las promesas sino también de proveer los servicios, las regulaciones, y tomar las decisiones de todos aquellos temas que no están siendo debatidos pero que el estado realiza todos los días para el bien de la población, sean elecciones o no. Tener un mejor Estado tiene, como condición, contar con los recursos humanos adecuados.
Afortunadamente en los últimos años existe más conciencia y consenso al respecto y se vienen realizando acciones para mejorar el servicio civil peruano. En el gobierno anterior se creó la Autoridad Nacional del Servicio Civil SERVIR rectora de los recursos humanos y por ende encargada de administrar, regular y supervisar al casi millón y medio de personas que trabajan hoy al servicio del estado. Cuesta pensar en un holding privado con dos mil empresas sin un responsable que organice los recursos humanos por quince años. Eso era el estado peruano antes de Servir; dos mil organizaciones sin una cabeza clara pensando y organizando a sus recursos humanos. También se promovieron y realizaron las evaluaciones a los maestros generando un hito importante respecto de la necesidad de conocer y medir el desempeño de las organizaciones y su personal. Se creó el cuerpo de gerentes públicos que selecciona vía concurso y promueve un énfasis más gerencial en esta capa del Estado, y se crearon los Contratos Administrativos de Servicios CAS que reconocen y mejoran derechos de personas que, trabajando en el Estado, no los tenían. Con estos cambios se fueron dando las condiciones para seguir mejorando.
En el gobierno actual se da el gran hito de la reforma: se aprueba la ley del servicio civil que plantea una reforma integral con nuevas reglas de juego para todos los grupos de servidores – desde los políticos hasta los operadores de una organización- enmarcando su accionar en el servicio a la ciudadanía. Promueve un mejor desempeño del personal y también genera incentivos para atraer y retenerlo; ordena reglas que promovían tratos desiguales y propone una gestión más moderna de los recursos humanos, entre otros cambios. Durante este periodo, también se diseñan y aprueban todos los reglamentos de la reforma y se da inicio a su implementación. Nada mal para cinco años. La reforma del servicio civil alcanza hoy a dos gobiernos y se plantea como una reforma de estado.
Los beneficios de contar con un buen servicio civil incluyen, según varios estudios a nivel mundial: (i) Mayor ingreso per cápita para el país; (ii) menor corrupción; (iii) menor pobreza; (iv) mejora en la entrega de servicios; y (v) mejora de la confianza en el gobierno. Incluso señalan que contar con un servicio civil profesional “no parece costar más caro como porcentaje del PBI (al mediano plazo)”, por lo que menores ingresos fiscales futuros no debieran ser un argumento para parar la reforma.
Si contar con un buen servicio civil trae tantos beneficios para los ciudadanos y para los servidores, alguno se preguntará porque a nadie se le ocurrió realizarla hace rato o porque habría que dudar de su continuidad en el próximo gobierno. En primer lugar, este tipo de reformas no suele mostrar beneficios tangibles para los ciudadanos en el corto plazo. Esto suele hacerlas poco atractivas para políticos que no están pensando en el largo plazo y cuya gestión durará cinco años. En segundo lugar, los costos de esta reforma están concentrados en el gobierno. Implica grandes cambios al interior del aparato público, es técnicamente compleja y suele tomar mucho tiempo (Brasil y España atraviesan procesos de implementación gradual de dieciocho y ocho años respectivamente). Esto exige apoyo permanente de parte de los políticos y quienes toman decisiones y, a la vez, genera disconformidad en muchos servidores adversos al cambio por desconocimiento o temor a lo nuevo.
Dos aspectos a resaltar de la reforma. Uno: la meritocracia. El ingreso, la permanencia, algunos de los beneficios y la movilidad o ascensos de los servidores públicos se estructura en torno al mérito. Dos: el tránsito. La reforma, tenía, a fines de 2015, a más de 200 entidades públicas en tránsito hacia el nuevo régimen del servicio civil, 151 del nivel nacional. Este tránsito supone pasar por un proceso de análisis situacional y de mejora interna, vía la identificación de prioridades y simplificación de procesos que hace de la reforma algo que va mas allá de los recursos humanos, la modernización de las organizaciones públicas.
¿Qué han dicho los candidatos a la segunda vuelta? Pedro Pablo Kuczynski, la menciona en su plan de gobierno e incluso empezó su discurso en el debate proponiendo una carrera administrativa. Además propone la rotación de los funcionarios entre los gobiernos nacional, regional y municipal, con servicio obligatorio en las provincias del Perú. Por su parte, Keiko Fujimori, acaba de hacer alusión a varios de los ejes centrales de la reforma como un sistema de incentivos para servidores, promoción de la capacitación, definición de metas para promover el mejor desempeño y mucho, mucho énfasis en el control.
Entre ambas visiones se plasma uno de los desafíos de la reforma del servicio civil, mantener un equilibro adecuado entre mérito y flexibilidad. Un sistema de mérito se convierte en un conjunto de garantías formales que promueven mejores servidores y que también se traduce en limitantes a la gestión. El gobierno y los ciudadanos requieren también de servidores con capacidad de reacción y de toma de decisiones. Lo primero no debe limitar lo segundo. Lograr ese equilibrio permitirá mostrar de manera más rápida los beneficios y ganar más apoyo para la reforma.